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Parlamento recibió iniciativa para
regular la asignación El proyecto fue presentado en conferencia de prensa
el pasado 4 de agosto, con la firma simbólica
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Mesa Debate: Crisis mundial, medios, democracia y la relación con los gobiernos El encuentro se realizará el próximo 30 de Junio en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (San José 1330) a las 10 horas. La Mesa debate: crisis mundial, medios, democracia y la relación con los gobiernos contará con la participación de destacados panelistas. Invitados: Aram Aharoniam: Periodista, exdirector
de Telesur y en el pasado del mensual latinoamericano Question y de
la agencia Alia2. Victor H Abelando: Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Periodista, actualmente se desempeña en el semanario Brecha, Organiza: Secretaría de Formación
y asuntos Académicos (APU) |
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La Relatoría felicitó la adopción de esta decisión a la que denominó como "ejemplar" y se comprometió a "divulgarla ampliamente, en el marco de su mandato de promoción de la libertad de expresión en las Américas". En el mismo sentido se manifestó respecto de otras decisiones positivas ocurridas en el Parlamento de Quebec-Canadá, y en la Justicia de Brasil y México. "La nueva legislación indica que constituyen principios rectores para la interpretación, aplicación e integración de las normas civiles, procesales y penales sobre libertad de expresión, los tratados internacionales en la materia y reconoce expresamente la relevancia de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la hora de interpretar y aplicar dichas disposiciones", señaló. Para la relatora, la Dra. Catalina Botero, "de esta forma, la Asamblea General del Poder Legislativo incorporó las normas internacionales al ordenamiento interno y dejó en claro que la interpretación y la aplicación de las disposiciones vigentes deben guiarse por los estándares más elevados en materia de libertad de expresión".
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En la resolución se expresa que estos interesados no cumplían con los cometidos del servicio establecidos en la ley Nº 18.232, de acuerdo a la opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC). Puestos al tanto de esta situación ninguno de los 100 rechazados se notificó al respecto ni presentó descargos en contra. Asimismo, el decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez, luego de aclarar que se otorgaron todas las garantías del debido proceso, intima a los interesados a cesar sus transmisiones de inmediato. De no hacerlo estas emisoras podrían ser cerradas y sus equipos de transmisión incautados. También se establece que estas denegatorias no impiden a las radios que puedan reformular sus propuestas presentándose en futuros llamados públicos a interesados en prestar el servicio.
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El Grupo Medios y Sociedad (GMS) envió a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), el 21 de mayo, una ampliación de la denuncia sobre la existencia de un grupo económico que encabeza el empresario mexicano Ángel González. El escrito y la documentación probatoria presentada ante el organismo regulador, conforman la segunda parte de la denuncia realizada a principios de marzo y que la URSEC asumió como investigación propia bajo el expediente 2009/1/302. En el documento, el GMS plantea que “un solo grupo empresarial adquirió y controla 11 emisoras, en violación a la normativa vigente”, refiriéndose al decreto 734/78 o Reglamento de la Ley de Radiodifusión, vigente a la fecha. De este modo, queda en evidencia la conformación de testaferros que responden al empresario mencionado –violando nuevamente la normativa– y que se ha producido “una transferencia indirecta de la titularidad de varias emisoras, a la vez que una concentración de las mismas en una sola persona”. Tal como destaca el escrito, “las siete emisoras (CXD 238 Emisora del Plata, CXD-216 Futura FM, 102.9 FM Total, CX-159 Radio Real de San Carlos, CX 262 Emisora Cenit FM, CX-213 Emisora Santa Rosa y CX-241 La Pedrera FM) pertenecientes al denominado Grupo del Plata ya conformaban una concentración disimulada a través de familiares o prestanombres. Lo demuestra la declaración del empresario Miguel Sofía, propietario real de todas estas emisoras, quien se encuentra fuera del país, prófugo de la justicia penal, que lo requiere por su presunta participación en un grupo paramilitar en la década de 1970, en un expediente judicial radicado en el Juzgado de Paz de 8º turno (ficha 2-375888/2008). Según resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo el 21 de enero de 2008, las radios Emisora del Plata S.R.L, FM Tango S.R.L. (Futura FM) y Radio Real S.R.L pertenecen a José Carlos Molinari y a Diego Martín Luca. De acuerdo a la investigación realizada y la confesión del propio Sofía, estas tres radios fueron vendidas dentro de un paquete de siete radios que ahora son explotadas por el grupo González, siendo que ellos –los aparentes titulares– constituyen un estudio contable que no opera esas frecuencias. Otra prueba presentada es que las emisoras CX-8 Radio Sarandí, CX-18 Sport 890 y CXD 220 Radio Disney (del denominado Grupo Sarandí) y las emisoras CXD 238 Emisora del Plata, CXD 216 Futura FM y CX 275 FM Total (del Grupo Del Plata), fusionaron sus estudios, actividades y administración en el edificio cito en Enriqueta Compte y Riqué 1250, poco después de concretarse el cambio de titulares de los respectivos permisos. A su vez, la documentación probatoria establece que “las emisoras de los ex Grupo Sarandí y ex Grupo del Plata –incluidas las que están fuera del departamento de Montevideo, como La Pedrera de Rocha, Santa Rosa de Canelones y Radio Real de San Carlos de Colonia– han conformado un nuevo grupo con una única gestión empresarial en torno a una sociedad comercial denominada Mont Soleil S.A.” Varias de estas radios ofrecen y facturan publicidad a través de esta sociedad comercial, por lo que se desprende que “se trata de un mismo grupo económico, que se presenta ante proveedores y anunciantes como quien gestiona todas estas emisoras”. De hecho, la existencia del Grupo Mont Soleil queda fuera de toda sospecha si se toma en cuenta que han adquirido el dominio web /www.montsoleil.com.uy, todavía en construcción, y que los funcionarios de contacto de Radio Sarandí disponen de correo electrónico con tal dominio. Tal como expresa el escrito presentado ante la URSEC, “ningún testaferro va a confesar su calidad de tal y, tratándose de enormes grupos económicos muy bien asesorados, es ingenuo pensar que dejarían tal realidad plasmada en los recaudos presentados ante la URSEC”. El GMS considera “insuficiente la investigación desarrollada hasta el presente” por parte del regulador, al limitarse a solicitar al Departamento de Radiodifusión la información sobre la titularidad de las 11 emisoras investigadas y dar vista de la denuncia a quienes figuran como titulares de las mencionadas autorizaciones. Es por ello que se le solicita a la URSEC que realice una investigación más completa “para confirmar si existe una transferencia indirecta de la operación y gestión de las emisoras mencionadas: visite la sede de estas emisoras con el mismo objetivo, oficie a organismos del propio Estado (BPS, DGI y MTSS) a los efectos de que informe sobre cómo tributan estas emisoras, quién lo hace y quién abona todas sus obligaciones, a nombre de quién aparecen las nóminas de trabajadores, quién inscribió en el BPS los contratos con empresas unipersonales y quién tributa ante DGI” |
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El relevamiento, realizado entre marzo y diciembre de 2008, arroja algunos resultados sorprendentes. Por ejemplo, que el 30% de la población de la capital del país es lectora de algún medio de comunicación, esto es: alrededor de 310 mil personas. Como el estudio no toma un solo medio leído por cada encuestado, esta cifra aumenta hasta las 514 mil personas. El diario más leído es El País, con un 65% de los lectores, seguido muy de lejos por La República con el 13%, más atrás El Observador con 11% y la diaria con un 4%. En materia de semanarios, Búsqueda –con el 51% de las preferencias– y Brecha –con el 35%– se llevan casi todos los lectores para este tipo particular de medios. Tal como expresa la propia IBOPE, los objetivos que persigue este tipo de estudio es el de conocer como son los lectores y los diferentes comportamientos de consumo de estos medios de comunicación, así como establecer tendencias en sucesivos años. Los encuestados fueron personas mayores de 14 años residentes en hogares particulares de Montevideo urbano, de todos los niveles socioeconómicos y de todos los estratos geográficos. Pero, según los resultados que arroja la publicación, quienes leen prensa son personas de nivel socioeconómico medio y alto, con niveles educativos que superan la secundaria, de edades superiores a los 35 años, y en general tienen altos niveles de acceso a tecnología electrónica. En materia de datos cuantitativos, este relevamiento se parece a otro elaborado por el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), difundido a fines del año pasado. En ese caso, el CLAEH planteaba que “las mediciones del presente año marcan un claro ascenso en la cobertura de lectores de prensa (papel o digital) que vuelve por demás promisorio el mercado para el año 2009” (el estudio está disponible en nuestro portal de Políticas de Información y Comunicación en Uruguay) Tomando en cuenta dos semanas de noviembre de 2008, “la cobertura promedio semanal de lectores de prensa escrita (impresa o digital) alcanza al 46,5% de la población de Montevideo urbano”. Mientras que, según la misma más del 37% prefiere el soporte impreso al digital. Estos datos son verdaderamente importantes a tener en cuenta en este contexto internacional de crisis económica, ya esta es la razón esgrimida a nivel internacional por las patronales de los medios de comunicación impresa para despedir periodistas y comunicadores.
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El panel se refirió a la Ley de Acceso a la Información Pública con las presentaciones a cargo del Dr. Martín Prats1, quien dio un marco general en materia de estándares internacionales de acceso a la información, y del Dr. Edison Lanza2, quien se refirió más específicamente a los contenidos y alcances de la ley. Aquí podrá encontrar ambas presentaciones, donde se resumen los conceptos vertidos por los expositores: Este ciclo, que comenzó en el Aula Magna de la UCUDAL, contará con dos instancias más. La próxima se realizará el 25 de mayo de 2009, sobre Reforma de la Ley de Prensa, en el edificio de la LICCOM (salón 2), ubicado en José Liguizamón 3666. Ver el programa completo del ciclo.
1 Martín Prats es grado 3 de la asignatura Derecho, Deontología y Ética de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además es integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR). 2 Edison Lanza es integrante del Grupo Medios y Sociedad (GMS) y docente de la asignatura Marco Legal de la Información y la Comunicación en la Licenciatura en Comunicación Social de la UCUDAL. |
La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública es, para este organismo, una norma que “se complementa con la Ley Nacional de Archivos y la Ley de Radiodifusión Comunitaria, ambas aprobadas en diciembre de 2007, que también desarrollan el derecho a la libertad de expresión”. En materia de radios comunitarias, expresa que “la Relatoría Especial valora la implementación, en 2008, de la Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria que se aprobó en diciembre de 2007, así como de las normas adoptadas este año que refieren a radiodifusión comercial”. El documento menciona la aprobación de varios decretos por los cuales se “crean nuevos procedimientos y criterios para el otorgamiento de concesiones para la radiodifusión comercial” y se “habrían creado organismos de participación ciudadana y académica para opinar en los procesos de asignación de frecuencias así como para fiscalizar el accionar del gobierno en esta área. Para radio y televisión comunitaria se creó el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, y para los medios comerciales, el Consejo Honorario Asesor Independiente, que incluye representación de los gremios empresariales. En ambos casos, se realizan consultas y audiencias públicas, las primeras a través de Internet y las últimas en asambleas en las localidades”. También se destaca que durante 2008 “se otorgaron las primeras 38 concesiones para radiodifusión comunitaria, en cumplimiento de la nueva ley aprobada” y que “el gobierno habría dispuesto la reserva de un tercio del espectro de todas las bandas de radiodifusión para medios comunitarios y no comerciales, incluyendo las nuevas bandas para TV digital”. Además, se destaca que “la Cámara de Senadores por unanimidad aprobó en diciembre de 2008 el proyecto de ley que reforma la figura de desacato, elimina el vilipendio de símbolos patrios y despenaliza las expresiones críticas u ofensivas cuando se trate de funcionarios o personas que voluntariamente se expongan al público, y siempre que no se pruebe que el autor incurrió en real malicia”. La Relatoría Especial consigna, a su vez, que “ha recibido información sobre periodistas que habrían sido agredidos o amenazados por el ejercicio de su profesión durante 2008”. Entre ellos, menciona el caso de la hija del periodista Enrique Aldabe de Tacuarembó, que “habría sido atacada a balazos en la casa de sus padres, luego de que el periodista hiciera un reporte, sobre supuestas irregularidades en las que habrían estado involucrados miembros de la Policía”. O el caso del periodista Luis Elisburu, del programa “Sin Censura TV” que se emite por los canales cable de Trinidad, quien “denunció haber recibido presiones por informar sobre presuntas irregularidades en las que estaría involucrado un diputado y ex intendente”. La Relatoría Especial también fue informada que “el fotógrafo Nicolás Celaya, quien cubría información para el diario La República cuando la Policía impidió que registrara con su cámara un operativo en un partido de básquetbol, habría sido detenido e incomunicado por varias horas en una comisaría”, mientras que “la periodista Marlene Vaz, directora del semanario Opción Cero de Río Branco, habría sido amenazada, en relación a una información publicada en su periódico”. Por otra parte, “el periodista Williams Pérez y su esposa habrían sido amenazados de muerte luego que el periodista informara en Radio Continental de Pando, que 60 ediles de Canelones cobraban gastos de combustibles sin tener vehículos”. El informe también recoge información respecto al periodista Luis Carlos, de Radio Nacional, quien “denunció haber recibido amenazas de muerte por comentarios que hizo al aire, hechos que denunció ante la Justicia”. El informe da cuenta de casos judiciales a los que se enfrentan algunos profesionales y medios de comunicación. Entre ellos la condena a Marlene Vaz y Norberto Costabel, director del semanario Noticias de Colonia, y las denuncias que, el año pasado, había sido presentada por el edil departamental de Montevideo, Carlos Tutzó, dirigente del Partido Comunista de Uruguay (PCU), al periodista Álvaro Alfonso, por referencias al demandante en su libro “Secretos del PCU”. Otro caso al que se hace referencia es el juicio iniciado por la hija del militar Artigas Álvarez contra la periodista de Televisión Nacional de Uruguay (TNU), Ana María Mizrahi, por difamación e injurias.
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- En el Interior el Poder Judicial es un problema, no tanto en la capital. En el Interior hay mayor sensibilidad ante el poder, porque tiene nombre y apellido, se conocen los hábitos que tiene, uno se lo puede cruzar en la calle o en cualquier lugar. En cuanto a la implementación de los avances, creo que se empieza a caminar. Habrá que evaluarlo en un período más largo. En 2009 no hemos tenido casos de denuncia judicial, sí hemos tenido casos de persecución patronal. - ¿Qué avances se podrían destacar en nuestro país en materia de información y comunicación? - Hay mayor acceso a la información, con sus limitaciones, pero es un avance. También en que no hay presiones a periodistas, como solía ocurrir anteriormente. Sobre todo sobre los medios, en el sentido de llamadas telefónicas. Más allá de algún incidente aislado –tenemos dos en los últimos días– pero que no son parte de una política oficial sino que provienen de desconocer cómo es el trabajo periodístico. El periodista tiene que hacer todo lo posible por conocer lo que alguien quiere que no conozca. Toda investigación genera problemas, y a veces las reacciones no son las correctas. Pero no hay una política en ese sentido, que ya no la hubo en el gobierno de Jorge Batlle. - ¿Qué otros avances podrías destacar? - Los otros avances están dados en función de las condiciones de trabajo. La instalación de los Consejos de Salarios, la categorización de funciones, más allá que se conozcan o no. Hay algunos lugares de trabajo en los que se desconoce, el interior del país es un drama, pero también lo hay en la capital. Además, sobre todo en las radios, se está dando la multifuncionalidad: una misma persona es operador y locutor, entre otras cosas. Si uno mira la situación de los medios de comunicación antes y después de los Consejos de Salarios, no sólo ha habido un incremento en el salario real, sino una categorización de tareas que no estaba establecida. - En cuanto al proyecto de ley modificativo de la actual Ley de Prensa, en términos conceptuales, ¿qué opinión te merece esa discusión? - Está claro que la Justicia Penal no puede intervenir en cosas de este estilo. Hay casos como el de Dogliani en Paysandú hace unos años, un periodista que denuncia una estafa comprobada en la administración pública. Este proyecto tiene cosas que son importantes, pero también digo que el periodista no debe tener impunidad. Así como hay un extremo, hay otro. Hay un chiste muy famoso que cuenta que en un medio de comunicación están por cubrir un puesto, y luego de que varios aspirantes han pasado por la entrevista, a uno de ellos el Director le dice: “escriba sobre Jesucristo”, a lo que el aspirante pregunta: “¿a favor o en contra?”. “El puesto es suyo”, dice el Director. Independientemente de esto, no se deben judicializar temas de información, pero también debe existir el derecho a respuesta. El periodista no puede ser impune y decir cualquier cosa, aunque tampoco puede existir un sector de la sociedad de la que no se pueda decir nada sobre ella. En el Interior uno de los factores que limita esto es la cercanía con los distintos actores relevantes, esa cosa semifeudal en la que la misma persona es dueña de la radio, el supermercado, lo que hace muy difícil el trabajo de los compañeros. - En materia de asignación de publicidad oficial, el GMS ha elaborado una propuesta de proyecto de ley al respecto. ¿Cuál es tu postura ante este tema? - La publicidad oficial tiene dos extremos. Uno es lo que sucedió entre ANCAP y el semanario Patria, que se descubrió en función de la Comisión Investigadora sobre los Entes que hay en el Parlamento sobre este tema. Esto responde a un vicio de cómo se debe funcionar con la publicidad oficial. Lo otro es una norma establecida que también me parece extrema en algún sentido, que la publicidad oficial se adjudique en función de tiraje, audiencia, ese tipo de cosas. Aparentemente sería lo más normal, porque no está determinada por afinidad del gobernante sino por la realidad del mercado. Pero es un problema que exclusivamente la realidad del mercado determine la publicidad oficial. Eso implica, para medios alternativos o que no tienen poder económico o partidos políticos detrás, un problema. La política del Estado debe tender a la ampliación de los medios de comunicación y a que la sociedad civil, o agentes que no son los naturales, participen en la cosa informativa. Regirse exclusivamente por las reglas del mercado no asegura la democratización de los medios de comunicación, eso facilitaría la concentración. ¿Cuál es la alternativa? Está claro que no puede ser de acuerdo a afinidad ideológica, tampoco puede ser exclusivamente en función de las normas del mercado. Hay un espacio para encontrar una fórmula con contrapartidas para que la publicidad sirva –y esto puede sonar un poco hereje– para fomentar la ampliación del espectro de medios de comunicación que se ofertan a la sociedad. Hay que buscar un mecanismo discutido en toda la sociedad, no puede ser decisión de un gobierno. En algunos países hay fomento de los medios de comunicación. Fruto de la crisis, Sarkozy multiplicó por 8 los subsidios a la prensa. Aquí no hay medidas de apoyo a la prensa, que es la que más sufre en momentos de crisis, a diferencia de la radio o la televisión. Así como uno puede decir que la industria textil o la de autopartes son importantes y se las debe ayudar, hay que fijar una política con los medios de comunicación porque así como cierran fábricas, que los medios se concentren en pocas manos es negativo para la democracia. Hay una falla del Estado en este sentido. Una de esas políticas puede venir de la mano de la asignación de la publicidad oficial, o a través de la distribución –que es monopólica en Montevideo–. Otro de los avances se da con la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, pero con los medios que son centrales, que son el núcleo duro de la comunicación en Uruguay, no hay una política definida. - ¿Qué es lo que tiene saldado APU en cuanto a este tema de la asignación de publicidad oficial? - APU tiene una postura de que debe regirse no en función de afinidad ideológica o de la importancia del medio. Tiene que ser por lo menos equitativa la publicidad, no puede deberse a favores o ese tipo de cosas. Cuando desde algunos sectores se plantea que debe regirse en función del tiraje o de la audiencia, hay una parte de razón pero no toda. Hay algo más allá que las simples reglas del mercado que obligan a tener políticas distintas, equitativas. Esto no quiere decir que sean tratados todos por igual, sino en función de lo que necesitan. Empezamos a discutir el tema hace dos sesiones del Consejo Central de APU, pero me parece que la publicidad oficial tiene que insertarse en el marco de una política de medios que no hay. - La crisis económica que está afectando a varios países, y que tú mencionaste, ¿cómo repercutirá en la prensa escrita, dado que es el sector más vulnerable, tal como lo planteaste? - Nosotros tenemos planteos que han aparecido en algunas empresas con posibilidades de seguro de paro a nivel de prensa, y algunas medidas que se están tomando como la conformación de unipersonales, lo que significa no pagar aporte patronal por parte de los propietarios. El problema que se puede volver a plantear es el de la flexibilización laboral. Los más afectados por la crisis –a medida que vaya llegando– serán los productos que se exportan, de hecho la industria ya lo está sufriendo. Entonces, lo primero que se dejan de comprar son los diarios. La coincidencia de factores no resueltos más la coyuntura del efecto de la crisis va a ser un problema para los medios de comunicación impresos, a pesar de que no hay datos –por ejemplo– de que haya una disminución en la publicidad. Acá, ante aspectos críticos, la salida que se encuentra es la reducción salarial o la flexibilización. Si el escenario del país llega a ser de recesión, lo vamos a sentir, si bien estamos en mejores condiciones que en 2002 para afrontar la eventual crisis. - ¿Tienen alguna investigación en curso respecto a la situación de los medios de comunicación ante esta posible situación de crisis económica? - Hace unas semanas se empezó a hacer un estudio –que no está terminado todavía– Consejo por Consejo: uno de Radio, otro de Televisión, otro de Agencias Internacionales y uno de Prensa. Están elaborando informes para ver cómo está la situación, y dentro de –aproximadamente– una semana estaría terminado. A modo de resumen, lo que está faltando es una política sobre los medios, que uno espera de un gobierno de izquierda, que no sea el mercado el que exclusivamente determine. Así como habrá un canal para el PIT-CNT, la Universidad de la República, que es una medida positiva, también debe haber medidas que faciliten la aparición de prensa alternativa, independiente. Toda la prensa alternativa está con problemas: la diaria, Brecha, y si no los tienen es porque no se cumplen algunas cosas que tienen que cumplir. Toda política que se tome desde el Estado debe tener una contrapartida, para no terminar como aquello de las carteras pesadas: se destinan préstamos que no se utilizan en lo que estaba previsto,el dinero termina en el exterior y la deuda se socializa.
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El Grupo Medios y Sociedad (GMS) saluda a todos/as los/as periodistas y comunicadores/as del mundo sumándose a la consigna de la UNESCO llamando al diálogo y al entendimiento mutuo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 1993. Quisiéramos hacer una especial mención a la destacada labor que en nuestro país lleva adelante la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), como uno de los pilares en la promoción y defensa de la libertad de expresión y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la prensa. En nuestro país, destacamos los avances en materia legal que se han obtenido, como es el caso de la aprobación de las leyes de radiodifusión comunitaria y de acceso a la información pública, así como algunos avances en la aplicación de ambas normas. Asimismo, es importante destacar la media sanción en Cámara de Senadores que tiene el proyecto de ley que modifica la Ley de Prensa y el Código Penal en materia de desacato, difamación e injurias, pero exigimos la inmediata aprobación por parte de la Cámara de Representantes, y su posterior promulgación. El GMS ha venido trabajando en estos meses en la redacción de un proyecto de ley sobre asignación de la publicidad oficial, para el que se han recogido diversas opiniones y puntos de vista mediante una consulta pública que culminó exitosamente. Ya se está próximo a ingresar la mencionada propuesta al Parlamento. Su rápido tratamiento y aprobación permitiría que Uruguay fuera pionero en la región en materia de libertad de expresión. Si bien en nuestro país está garantizado el ejercicio de la libertad de prensa, información y expresión, preocupan –sin embargo– algunos hechos protagonizados por funcionarios públicos contra periodistas. Así también, es preocupante la discriminación de los canales privados de televisión hacia el spot publicitario de la campaña “Un beso es un beso” del colectivo Ovejas Negras, que buscaba informar a la población respecto a dos leyes vinculadas con la diversidad sexual. El GMS entiende que el Estado debe buscar los mecanismos adecuados para proteger el derecho a la libertad de expresión ante estos reclamos. También nos mantienen alerta las señales de crisis que también afectarían a la prensa uruguaya, con la posible pérdida de medios y de fuentes de trabajo. En materia regional, el GMS hace suya las afirmaciones de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), que manifiesta “su indeclinable decisión de respetar y hacer respetar el derecho de los pueblos de nuestra región a la información y el derecho a difundirla en tanto constituyen elementos fundamentales para la afirmación de la vida en democracia, de la convivencia pacífica entre naciones y de justicia social consonante con la dignidad de la persona humana”. [ver mensaje de FEPALC] Durante el fin de semana la UNESCO llevó adelante una Conferencia en Doha, Qatar, en la que se discutió sobre algunos puntos específicos como “la capacidad de los medios de información para fomentar el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo”, y el lugar que ocupan estos en la promoción de ese diálogo como “instrumento de autonomía de los ciudadanos”. Como todos los años, la UNESCO entrega el Premio Mundial de Libertad de Prensa a una organización o persona destacada. En 2009 el reconocimiento es póstumo, al periodista de Sri Lanka Lasantha Wickrematunge, asesinado el 8 de enero de este año cumpliendo con su labor en el marco de la guerra civil que azota a ese país. Tal como expresa el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
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Organizado por el Departamento de Industrias Creativas (DICREA), organismo dependiente de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), desde distintos puntos de vista se subrayó la necesidad de regular de una forma u otra los contenidos en los medios de comunicación audiovisual. Si bien no hubo acuerdo en los alcances que debe tener dicha regulación. Si desea ver el articulo completo así como escuchar las ponencias y las entrevistas realizadas por el GMS sobre el Foro “Contenidos Culturales y Medios de Comunicación” pulse aquí
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